Subastas de cuotas en pesca

«La propuesta de ley actual indica que las pesquerías, en estado de plena explotación, deberían aumentar el porcentaje de la cuota industrial asignada a través de subastas de un 15% actual a un 50%.»

Las aguas están revueltas en el sector pesquero. Recientemente, han surgido voces que pretenden impugnar la ley de fraccionamiento pesquero, en relación con los porcentajes de cuota licitada de las pesquerías industriales. El tema divide las aguas. El contexto está determinado por los cambios que se le están introduciendo a la Ley de Pesca y Acuicultura a raíz de la discusión sobre ilegitimidad de la actual Ley por la corrupción (acreditada por la justicia) que ocurrió cuando se tramitó esta Ley en el año 2012. En el vértice de esta discusión está la asignación de derechos de pesca, en forma (casi) permanente, con criterios históricos a grandes empresas pesqueras. La propuesta de ley actual indica que las pesquerías, en estado de plena explotación, deberían aumentar el porcentaje de la cuota industrial asignada a través de subastas de un 15% actual a un 50%.

Desde el punto de vista de la asignación de recursos los argumentos económicos a favor de la licitación son fuertes. Las subastas bien diseñadas son un instrumento de asignación eficiente que funciona de manera transparente para todos los actores que participan del proceso, que otorga certeza jurídica a quien está adquiriendo un bien o servicio y que genera un flujo de pago por este bien o servicio. Esto permite capturar una parte significativa del valor de los recursos marinos para fines públicos, promueve la competencia y evita la concentración de los derechos de extracción en pocas manos. Los argumentos en contra apuntan a que ampliar el porcentaje subastado puede amenazar el empleo y valor en las empresas incumbentes, y hacerlas inviables por falta de materia prima. Especialmente, desde la industria, se aduce que el Estado no puede subastar lo que no le pertenece, aduciendo al otorgamiento de derechos a la industria en el año 2012.

Los argumentos catastrofistas sobre el fin de la industria parecen poco robustos. Las subastas sólo pueden reasignar la posesión de las cuotas, pero las cuotas no tienen valor a menos que se puedan usar para producir bienes que son demandados especialmente en los mercados internacionales. Por ende, con toda probabilidad van a terminar siendo utilizados por los que tienen la capacidad de generar este valor, que es la industria pesquera. Esto no debería afectar fundamentalmente el empleo industrial porque la cantidad de materia prima a procesar es exactamente la misma. La legalidad del cambio legislativo debería ser evaluada en sede jurídica. Por otra parte, para poder evaluar el efecto que puedan tener las subastas, se requiere tener claridad si se cumplen las condiciones básicas para que funcionen de buena forma. En el debate se han esgrimido objetivos de eficiencia, pero también de recoger a través de las subastas recursos para financiar programas públicos, como la plataforma social para la pesca artesanal. No está garantizado que existan compradores adicionales de cuotas que puedan efectivamente aumentar la competitividad de las licitaciones, y generar los recursos adicionales requeridos para otros programas públicos. Las licitaciones ya se han estado realizando en Chile, aunque con porcentajes menores de la cuota industrial y la evidencia sobre ingreso de nuevos actores y mejoras en la competitividad es, al menos, discutible. Por ello, lo que parece faltar es un debate informado y basado en mayor evidencia técnica robusta.