¿Quién decide las reglas del juego?

En economía regional, las grandes discusiones nunca son tan lejanas como parecen. Una recomendación de Naciones Unidas, un estándar de la Ocde, una exigencia ambiental europea o una nueva forma de entender los impuestos puede terminar incidiendo en una pyme de Coronel, una forestal de Arauco, una empresa logística de Talcahuano o un proyecto inmobiliario en Concepción.

La inquietud no nace de una caricatura. Desde 2015, la Agenda 2030 de Naciones Unidas instaló 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que suenan incuestionables: menos pobreza, más inclusión, acción climática y desarrollo sostenible. El problema aparece cuando esos objetivos comienzan a transformarse en criterios regulatorios, tributarios o de financiamiento que condicionan decisiones de países y empresas.

Un ejemplo está en la discusión tributaria internacional. ONU impulsa un Convenio Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional, donde los impuestos ya no se miran sólo como herramienta para financiar al Estado, sino también como instrumento para promover objetivos globales asociados a derechos humanos, equidad o sostenibilidad. Algo parecido ocurre con exigencias ESG, taxonomías verdes o restricciones que algunos mercados imponen a productos intensivos en carbono.

¿Dónde está el riesgo para el Biobío? En que muchas de estas agendas se diseñan pensando en economías desarrolladas, con más productividad, infraestructura y capital, aun cuando se cuestionan sus resultados también en éstas. Pero el Biobío no vive en un paper internacional. Vive con desempleo alto, pérdida de dinamismo industrial, un sector forestal presionado, puertos que requieren eficiencia, permisos lentos y empresas que no saben si invertir, esperar o irse.

En administración estratégica, esto es central. Las empresas no sólo miran la tasa de impuesto. Miran el sistema completo: cuánto demora un permiso, qué tan estable es la norma, si habrá nuevas exigencias ambientales, laborales o tributarias y si el Estado actúa como facilitador o como una máquina de incertidumbre. Cuando las reglas cambian por capas sucesivas, el costo lo pagan proveedores, trabajadores y emprendedores de toda la cadena productiva.

Por eso, la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social que impulsa el gobierno del Presidente Kast no debiera mirarse como una reforma más. Su importancia está en el cambio de señal: volver a poner inversión, empleo formal, reconstrucción y simplificación de permisos en el centro de la política económica. El proyecto contempla la eliminación transitoria del IVA a la vivienda nueva, subsidios al empleo formal, incentivos a la inversión y agilización de permisos. Podrá discutirse su diseño o costo fiscal, pero para el Biobío la orientación parece correcta: sin inversión no hay empleo, sin empleo no hay movilidad social y sin empresas no hay desarrollo regional.

Nadie sensato defendería una estrategia empresarial que ignore el entorno, las comunidades o el uso responsable de los recursos. Pero otra cosa es convertir objetivos globales en obligaciones locales, sin preguntarse por sus costos, legitimidad y efecto real sobre localidades que necesitan crecer. Una regulación puede sonar virtuosa en Nueva York, París o Ginebra, pero termina siendo una barrera más para una empresa de Los Ángeles, Lota o San Pedro de la Paz. La pregunta no es si queremos desarrollo sostenible, sino si ese desarrollo se construirá desde la realidad productiva de Chile y sus regiones.