«La indiferencia o indolencia con que se gestiona esta obra envía un mensaje desolador a la ciudadanía. Da lo mismo fiscalizar mal, da lo mismo atrasarse y da lo mismo entregar un trabajo defectuoso.»

La remodelación de la Plaza Perú en Concepción constituye una postal inverosímil. Ante la mirada atónita de toda la ciudad, lo que debió ser una obra de recuperación urbana se transformó en un símbolo de desorden y demora. Resulta difícil comprender cómo una intervención de 6.685 metros cuadrados, con un presupuesto superior a $1.200 millones, termina convertida en un laberinto de mallas, escombros y promesas incumplidas.
El proyecto partió a mediados de 2025 y debió concluir en febrero de este año. No ocurrió. Luego se fijó un nuevo plazo para fines de abril. Tampoco se cumplió. Hoy, tras una tercera prórroga solicitada por el municipio, se establece como fecha límite el próximo 12 de septiembre. Cada nuevo calendario genera menos credibilidad. Los concejales advierten que la empresa presenta cronogramas que jamás respeta y los vecinos ya no creen en anuncios.
Quien transita por el sector percibe el abandono. Hubo jornadas en que la faena estaba casi vacía, sin cuadrillas a la vista, sin ruido de máquinas, sin avance visible. El cierre perimetral se perpetúa y el barrio paga la cuenta. El acceso peatonal aún es confuso y la sensación de inseguridad crece entre bloques de cemento a medio instalar.
El daño económico para los comerciantes es enorme. El Barrio Gastronómico de la Plaza Perú trabaja a media máquina desde hace casi un año. Los locatarios reportan caídas de ventas de hasta un 80%. Terrazas sin uso, reservas canceladas y un flujo de clientes que migra hacia otros polos. Esto genera un costo social adicional en la figura de desvinculaciones laborales. Detrás de cada desvinculación existe una familia que sostiene un arriendo, un crédito y un proyecto de vida que hoy agoniza por una obra que no termina.
A la lentitud se suma ahora la sospecha sobre la calidad. La Contraloría General de la República emitió un informe demoledor. Detectó acero con oxidación en maceteros, fisuras en hormigón fresco y uso de materiales que no corresponden a las bases técnicas. Además, la empresa no realizó ensayos de materialidad obligatorios. A simple vista, cualquier transeúnte nota que los acabados lucen irregulares, con terminaciones pobres y detalles impropios de una obra emblemática. Si esto se observa hoy, ¿qué durabilidad cabe esperar en dos inviernos?
La respuesta municipal oscila entre la justificación y la resignación. El alcalde reconoce el malestar, anuncia un sumario y critica las bases de licitación heredadas de la administración anterior. Desde la administración anterior replican que las bases permiten el término anticipado del contrato. Y en medio de ese cruce, nadie asume con firmeza la responsabilidad de fiscalizar. El inspector técnico de obra falló, la fiscalización fue deficiente y el municipio cursó dos multas de $1,3 millones frente a un contrato multimillonario.
El dilema que se plantea es perverso. Si se pone término al contrato, la plaza podría quedar como punto negro por un año más mientras se licita; si se mantiene a la misma empresa, se premia el incumplimiento y se prolonga la agonía. Mientras tanto, los comerciantes siguen sin respuestas, sin plan de mitigación y sin compensación. Nuestra Plaza Perú no merece este trato. Es patrimonio de la ciudad, punto de encuentro universitario y motor económico local. La indiferencia o indolencia con que se gestiona esta obra envía un mensaje desolador a la ciudadanía. Da lo mismo fiscalizar mal, atrasarse y entregar un trabajo defectuoso.
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Francisco Sepúlveda Laurence, Facultad Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de Concepción. Columna opinión de El Sur, Viernes 21 de agosto 2026 |



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