Negociación ramal a la chilena

Mientras en Argentina se discute un proyecto de modernización laboral orientado a flexibilizar el mercado del trabajo -modificando la base de cálculo de las indemnizaciones por despido, excluyendo ciertos conceptos como el aguinaldo, las vacaciones, los premios y otros conceptos que no sean de pago mensual recurrente-, en Chile el Gobierno ingresó al Congreso una iniciativa que modifica el Código del Trabajo para incorporar la denominada negociación ramal. Una mala idea, con escasas posibilidades de prosperar, pero que avanza en la dirección opuesta: rigidizar aún más el mercado laboral.

Es un compromiso incluido en el programa original del actual gobierno. Su presentación tardía, cuando resta poco del período presidencial, parece responder más bien a un gesto simbólico, o un «saludo a la bandera», que permite exhibir cumplimiento ante la Central Unitaria de Trabajadores y sus dirigencias, aunque en los hechos no exista una implementación real.

Afortunadamente, la iniciativa no ha sido aprobada. Es una propuesta que tiende a destruir empleo, ya que ignora la heterogeneidad de las empresas y sus distintas realidades productivas. La negociación ramal obliga por ley a todas las firmas de un mismo sector a pagar iguales salarios y a cumplir idénticas condiciones laborales, aun cuando solo algunas hayan participado del acuerdo y muchas otras carezcan de capacidad financiera para asumirlo. No es casualidad que este instrumento haya ido perdiendo relevancia a nivel internacional.

Un informe de la Ocde (2025) constata que la afiliación sindical ha disminuido de forma sostenida en el mundo: en 1985 alcanzaba, en promedio, un 30%, cifra que cayó a 15% en 2024. En varios países la reducción ha sido especialmente pronunciada, como en Israel, Australia, Nueva Zelanda o Austria. En Chile, en cambio, la afiliación sindical aumentó en 4,5 puntos porcentuales, llegando a 16% en 2024, aunque lejos del máximo histórico de la década de 1970, cuando alcanzó 34%.

Cuesta entender, entonces, que se insista en avanzar hacia esquemas de negociación colectiva centralizada, precisamente cuando esta ha retrocedido en el mundo junto con la sindicalización. Países como Australia, Austria, Dinamarca, Nueva Zelanda y el Reino Unido han evolucionado hacia modelos más descentralizados de negociación, adaptados a realidades empresariales diversas.

A ello se suma que los despidos por necesidad de la empresa en Chile se han mantenido en niveles excepcionalmente altos en los últimos tres años, acumulando cerca de 500 mil casos en 2025. Además, el Banco Central informó a fines de ese mismo año que el aumento del salario mínimo redujo el empleo en torno a 1,5%. Es decir, las políticas públicas, más allá de sus intenciones, pueden generar efectos adversos.

La negociación colectiva ramal aparece como una mala alternativa adicional, ya que acuerdos viables para grandes empresas pueden terminar dificultando la creación de empleo o comprometiendo la continuidad operacional de pequeñas y microempresas, empujando además a más trabajadores hacia la informalidad. El proyecto del gobierno debiese ser rechazado, ya que en la práctica pretende establecer una imposición sectorial, que reducirá la autonomía de las empresas y afectará a las pymes y al mercado laboral. Debe ser rechazada nuevamente esta mala idea, ya que en la propuesta constitucional de 2022 se proponía la negociación ramal y más del 60% de los chilenos dijo «no».