Otra emergencia: el trabajo privado

La tasa de desempleo se encuentra prácticamente en 9% por más de 30 meses. Según el INE, es de 8,8% en el trimestre febrero-abril mostrando un incremento de 0,3%, respecto del mismo período del año pasado. Al mismo tiempo, el promedio de esta tasa en los países de la Ocde es de 4,9%. Estamos más cerca del doble de aquella. Un desastre.

Hay 37.479 más personas sin trabajo este año que en el mismo período de 2024. De ellas, el 96%, exhiben desempleo de larga duración, que significa que están en tal condición por un año o más. O sea, miles de personas buscan trabajo sin encontrarlo y con poca esperanza de que se presenten oportunidades laborales, si sigue todo igual, ya que el Banco Central informó que los avisos laborales cayeron un 5,4% en mayo, respecto del mismo mes de 2024.

¿Y se implementan acciones para combatir la emergencia? ¿O hay sólo relato? En cuanto al relato, tanto el Presidente en la cuenta pública, como el ministro del Trabajo, G. Boccardo, han soslayado olímpicamente el tema. ¿Las explicaciones de este último? Que los jóvenes han preferido estudiar y que los mayores se han refugiado en la PGU y salieron del mercado de trabajo. Sin embargo, el hecho que la matrícula en la educación superior en los últimos años se haya mantenido constante desmiente la primera aseveración y, en relación con los adultos, debiera mostrar las cifras que lo comprueben. El ministro Boccardo sostiene también, que es discutible la premisa que toda reforma que fortalezca derechos laborales implique, a priori, un mayor costo laboral. Nuevamente falta sustento a su singular afirmación.

En cuanto a las acciones, vemos normas que profundizan la emergencia laboral, no que la intenten superar. La ley de 40 horas, significa un mayor costo laboral: menos horas trabajadas por el mismo sueldo. Esta nueva jornada es una barrera al empleo formal. La Ley Karin, que introdujo la perspectiva de género en todas las relaciones laborales, ha incrementado la conflictividad en los lugares de trabajo. La reforma previsional es, cualquiera sea su envoltorio, un impuesto al trabajo. Y, por último, la ley que fija el salario mínimo es un error al que resulta poco popular referirse. Quienes quieren controlar la economía, repiten que no afectaría el empleo ni el crecimiento económico, pero no es cierto: si el Estado controla precios en el mercado laboral fijando un salario mínimo por encima del valor que el mercado asignaría, se rompe la coordinación espontánea entre oferta y demanda de trabajo.

Cuando el salario mínimo es mayor al que algunas empresas pueden pagar o mayor al que ciertas habilidades valen en el mercado, esos trabajadores no son contratados. Si un joven sin experiencia vale $400 mil en productividad, pero el salario mínimo es $510 mil, la empresa no lo contratará. Se genera desempleo o informalidad. O sea, es una forma de intervencionismo destructiva. La ley de salario mínimo no crea riqueza, sino que les fija una barrera a los trabajadores menos capacitados para entrar al mercado laboral y encarece para los empleadores crear puestos en este rubro.

El desempleo no debería ser solo un problema económico, sino un llamado a la acción para reformar las normas que afectan el acceso al trabajo, considerando que la mejor política pública es el pleno empleo.