Sala cuna universal, un reto para las pymes

La reciente controversia en torno al proyecto de sala cuna universal ha puesto en evidencia una tensión estructural entre los ideales de equidad social y la realidad económica de las pymes.

Recientemente, más de cien gremios empresariales suscribieron una declaración pública en la que expresan su rechazo a la iniciativa, advirtiendo sobre el impacto que tendría en los costos laborales y la sostenibilidad del empleo formal. Esta postura fue duramente criticada por organizaciones de mujeres emprendedoras y por el movimiento «Sala Cuna Hoy», quienes acusan a los gremios de ignorar la desigualdad de género y de oponerse a una política laboral que consideran esencial para la conciliación familia-trabajo.

Sin embargo, más allá de las legítimas aspiraciones de equidad, es necesario examinar con cuidado las condiciones en las que operan miles de pymes en Chile. La mayoría de estas empresas enfrentan márgenes de ganancia estrechos, una alta competencia tanto local como internacional y una creciente presión por adaptarse a entornos digitales. En este contexto, cualquier incremento en los costos permanentes puede representar una carga financiera insostenible en el tiempo.

Según los gremios firmantes, el proyecto no contempla mecanismos de financiamiento adecuados ni una gradualidad que permita a las empresas adaptarse sin poner en riesgo su viabilidad. De hecho, muchas pymes temen que la medida, en lugar de fomentar la inclusión laboral, termine acelerando procesos de automatización y sustitución de mano de obra. En efecto, en un escenario donde la inteligencia artificial y las tecnologías digitales ya están transformando el mercado laboral, imponer nuevas obligaciones pueden tener efectos contraproducentes como una menor contratación, más informalidad y una mayor concentración del empleo en grandes empresas que tienen la solvencia para absorber estos costos incrementales.

Lo anterior no significa renunciar a la meta de una cobertura universal de salas cuna. Por el contrario, se trata de reconocer que una política de esta envergadura requiere de un diseño institucional robusto, financiamiento progresivo y una implementación que no sacrifique a los actores más vulnerables del mercado. Es sabido que las pymes son el motor silencioso del empleo a nivel nacional, pero para que puedan cumplir ese rol, necesitan certezas, incentivos y un entorno regulatorio que no las asfixie.

El debate actual revela una falla en la forma en que se construyen las políticas públicas en Chile. La polarización entre gremios empresariales, movimientos sociales y la clase política, invisibiliza la posibilidad de soluciones intermedias que distribuyan equitativamente los costos de esta iniciativa. Las políticas públicas no pueden ser un juego de suma cero entre derechos sociales y sostenibilidad económica. Se requiere diálogo y una comprensión profunda de las realidades dispares que conviven en el mundo empresarial.

En definitiva, el proyecto es una causa justa, pero se corre el riesgo que una medida pensada para ampliar derechos termine restringiendo nuevas oportunidades laborales, especialmente en sectores donde la informalidad ya es una amenaza latente. La inclusión de las mujeres en el mundo del trabajo no puede depender de la posible precarización de las pequeñas empresas.