Ley Miscelánea

«La propuesta no incluye mecanismos que aseguren que las empresas vayan a usar estos mayores recursos para invertir en proyectos productivos que generen empleo en Chile.»

Actualmente se discute en el Senado el proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, que incorpora propuestas en distintas áreas y que se ha conocido popularmente como la «Ley Miscelánea».

Uno de los aspectos que se encuentra en debate es la propuesta de bajar paulatinamente el Impuesto de Primera Categoría (Idpc), que es el que pagan las empresas por sus utilidades, de 27% a 23%. El objetivo de aumentar la retención de utilidades por las empresas es que esto genere incentivos para que éstas aumenten sus inversiones y que ello promueva un mayor crecimiento y creación de nuevos empleos en el país. Al mismo tiempo, un mayor nivel de actividad económica debiera contribuir a generar más ingresos para el Estado y por lo tanto ayudar a reducir el déficit fiscal.

Estos objetivos son loables y, muy necesarios en las actuales condiciones en que se encuentra la economía chilena. Sin embargo, reducir la tasa de impuestos corporativos, en la forma que ha sido planteada, probablemente no va a contribuir mayormente a estos objetivos, por varias razones: Primero, la propuesta afecta negativamente el equilibrio de las finanzas públicas. El Consejo Fiscal Autónomo ha indicado que, incluso considerando los efectos proyectados de crecimiento, el balance fiscal seguirá siendo deficitario al año 2030 e identifica distintos riesgos que podrían aumentarlo. Esto porque la propuesta no incluye medidas que compensen la reducción en la recaudación fiscal producto del menor ingreso por baja en el Idpc. Un balance fiscal deficitario, además, no ayuda a generar un clima propicio para la inversión productiva.

Segundo, la propuesta no incluye mecanismos que aseguren que las empresas vayan a usar estos mayores recursos para invertir en proyectos productivos que generen empleo en Chile, como podría ser, por ejemplo, desgravar sólo las utilidades que se reinvierten en activos productivos en el país. En la propuesta, los recursos tienen distintos usos alternativos posibles y, sin duda, las empresas van a evaluar donde le es más rentable colocar estos recursos. Pueden ser colocados en instrumentos financieros, en proyectos productivos en otros países o simplemente en mayor distribución de utilidades.

En un ambiente inseguro y variable como el actual, invertir en proyectos productivos en Chile está asociado a diversos riesgos. De muestra, un botón: La Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central de junio mostró un deterioro en las perspectivas del mercado para la economía chilena, y los analistas recortaron su proyección de crecimiento del PIB para el año 2026 desde 2,0% a 1,6%.

Tercero, el aspecto temporal es importante. Nuevas inversiones que van a significar inversiones productivas importantes y generar nuevos empleos toman años en concretarse, que en muchos casos se pueden contar en décadas. Por ende, los posibles efectos que pudieran tener esta medida para recuperar el crecimiento económico no serán percibidos hasta en muchos años más, no contribuyendo mayormente a resolver los problemas de empleo que vive actualmente el país.

Por todas estas razones, es de esperar que la discusión en el Senado contribuya a generar un proyecto de ley que genere mayor impacto sobre la inversión y el empleo hoy.