Cuando el Congreso se fiscaliza solo

Cada vez que alguien cuestiona el gasto parlamentario, la respuesta suele ser la misma: «eso es populismo». Es una etiqueta útil para evitar responder con cifras y discutir el verdadero problema: cómo se administra el dinero de todos. Exigir que quienes manejan recursos públicos rindan cuentas no es populismo; es una condición básica para fortalecer la confianza en las instituciones.

Las cifras oficiales publicadas por la Cámara de Diputados muestran una realidad difícil de ignorar. Cada diputado tiene, en promedio, 6,8 asesores, sumando más de mil contrataciones y un gasto cercano a $1.300 millones mensuales. El gasto promedio en personal incluso supera los topes fijados por el propio Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias mediante mecanismos de traspaso entre distintas partidas. El límite existe, pero el sistema permite sobrepasarlo.

No es un problema de izquierda o de derecha. Las diferencias entre bancadas existen, pero las prácticas se repiten transversalmente. Cuando un sistema incentiva gastar más, ampliar estructuras permanentes y aprovechar resquicios presupuestarios, corresponde revisar sus reglas y no conformarse con que todo sea legal.

Para tratar de corregir esta situación, se proponen tres cambios concretos.

El primer cambio debería ser reemplazar las asignaciones por una remuneración única y tributable. Mientras exista una bolsa de recursos separada del sueldo, el incentivo será utilizarla completa. Si esos recursos pasaran a integrar la remuneración, cada decisión tendría un costo directo para quien la adopta y existiría un incentivo real para administrar con mayor austeridad. Además, terminaría una diferencia tributaria difícil de justificar: cada diputado cuesta al país más de $23,5 millones mensuales y dos tercios de ese monto no tributan como renta.

El segundo cambio es eliminar la reelección parlamentaria. Buena parte de la estructura financiada por el Congreso fortalece la permanencia en el cargo. Cuando los diputados contratan como asesores a concejales y consejeros regionales, se está construyendo una red territorial que pasa a constituir una ventaja competitiva evidente para el parlamentario en ejercicio que busca la reelección, frente a cualquier ciudadano que quiera competir. Una democracia sana requiere alternancia, no ventajas financiadas con recursos públicos.

Por último, se propone elevar radicalmente los estándares de transparencia. No basta con conocer cuánto cuesta un asesor; también debe saberse qué trabajo realizó, qué informes elaboró y cuál fue el resultado de su contratación. Quien fiscaliza al Gobierno debería ser el primero en aceptar ese mismo estándar. La confianza no se recupera descalificando a quien pregunta, sino administrando con austeridad y respondiendo con transparencia. Porque el problema no es cuánto cuesta la democracia, sino cuánto estamos dispuestos a tolerar cuando quienes administran el dinero de todos dejan de rendir cuentas.

El Congreso tiene la facultad de fiscalizar al Gobierno y exigir el uso responsable de los recursos públicos. Por esa misma razón, debiera ser la primera institución en aceptar ese estándar para sí. La confianza no se recupera descalificando a quien pregunta ni calificando de «populismo» cualquier crítica al gasto político. Se recupera cuando quienes administran recursos públicos entienden que cada peso pertenece a los ciudadanos y no a quienes circunstancialmente ocupan un cargo. Los tres cambios propuestos —transparentar el gasto, terminar con la reelección parlamentaria y reemplazar las asignaciones por una remuneración única y tributable— no buscan debilitar al Congreso, sino fortalecer su legitimidad. Porque el verdadero privilegio no es ejercer un cargo público; el verdadero privilegio es creer que no hay obligación de rendir cuentas por el dinero de todos