“Se requiere fortalecer con urgencia la institucionalidad estadística del país”
Escrito por Comunicaciones Facea
noviembre 11, 2022
Estamos en un contexto mundial y nacional en donde, frente a una creciente demanda por información estadística oficial, datos de calidad, necesitamos con urgencia responder a ella y eso requiere del fortalecimiento de toda nuestra institucionalidad estadística, pensando en que para poder diseñar adecuadamente programas para la ciudadanía en aspectos asociados a pobreza, el empleo o la salud, implementarlos y monitorearlos se necesitan estadísticas y datos de calidad y estas difícilmente pueden provenir solo de encuestas que haga un gobierno, ni siquiera el sector privado.
Así lo hizo ver este jueves a una concurrida audiencia de académicos y alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UdeC, la destacada ingeniera comercial de la Universidad de Concepción, Ximena Clark Nuñez, en su charla “Desafíos estadísticos como herramienta para las políticas públicas”, en el marco de las actividades de conmemoración del 65° Aniversario de la Facea.
Ximena Clark es además, Master of Arts in Economics, Ilades/Georgetown University , de la Universidad Alberto Hurtado y de la Universidad de Boston. Se ha desempeñado como economista y consultora del Banco Mundial, consultora del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, como jefa de Informaciones Estadísticas del Banco Central de Chile, jefa de la División de Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía y directora del Instituto Nacional de Estadísticas entre 2014 y2018.
En su presentación, la experta alertó sobre un aspecto que se está desaprovechando y que son los registros administrativos como los que levanta el Servicio de Impuestos Internos para su actividad, los sistemas de salud o cualquier servicio cuya actividad principal no es la estadística. Esos datos, dijo, son de una enorme riqueza. “Si uno combina esos datos con los de encuestas o censos que provienen de la actividad estadística, si uno permite que el INE nacional o regional acceda a esos datos, realmente lo que mejora el diagnóstico y, por supuesto, la respuesta frente a los problemas que enfrenta la sociedad es gigantesco”.
En el fondo, explicó, tener acceso a datos o registros administrativos marca un antes y un después en cómo los países toman sus decisiones y hacen política pública que siempre debe ser en base a evidencia, sentenció.
Ley desactualizada
Detalló que si bien a nivel interno hay algo de acceso a esa información, la ley está desactualizada. “Fue muy buena en su momento, ya que tomó en cuenta las necesidades futuras que iba a tener el país, ya a 50 años de su promulgación han surgido nuevas normas como son las leyes de transparencia, la de protección de datos personales y han surgido nuevas instituciones que tienen sus propias leyes orgánicas y que, a veces, desconocen lo que establecía la ley estadística original del país”.
Lo que se requiere es hacer una actualización, afirmó y, en esa línea, recordó que hay un proyecto de ley que está en el Congreso hace bastante rato. “Empezamos a tramitarlo a fines el 2015, a principios de 2018 ese proyecto quedó despachado por la Comisión de Economía del Senado, solo tenía que ir a la comisión de Hacienda por temas muy puntuales y quedaba listo para ir a la sala y ya con eso se promulgaba. En todas las instancias previa se había aprobado por unanimidad y, fue una lástima que la administración que viniera no hiciera absolutamente nada para avanzar en algo que era muy rápido de hacer”.
Sostuvo que si ese proyecto se hubiese aprobado, hoy día la preparación del Censo que se está haciendo podría haber utilizado muchos más datos administrativos, y todos los problemas asociados a la pandemia le habría entregado al INE insumos para mejorar las estadísticas actuales y futuras.
¿De qué manera esta falta de ley ha incidido en las políticas públicas posteriores?
Cuando uno habla de registros o datos administrativos, no solo se refiere a que el INE tenga los datos, sino además, a que se generen alianzas estratégicas con las instituciones que recopilan esos datos de manera que el INE pueda hacer asistencia técnica a esas instituciones, porque no es obvio que quien compila los datos tiene un manejo metodológico, con resguardo de la confidencialidad, sabe distinguir un dato provisorio de uno definitivo y finalmente, cómo es el proceso productivo de la estadística. Lo vimos con la pandemia. El lunes se entregaba un dato, el martes lo cambiaban o cambiaban las definiciones a poco andar, lo que generó desconfianza en la población que dejaba de mirar esos datos que eran tan útiles en tanto cuánto se arriesgaba y ahí estaba su vida en peligro, porque no tenían esa cultura de cómo entregar la información, de cómo prepararla y qué era oficial y qué lo provisorio. Eso es algo que el INE hace día a día.
Por ello, Ximena Clark insistió en el que posibilitar estas alianzas con las instituciones y que el INE valide la calidad de la información, permitiría una mejor toma de decisiones en la política pública y mejorar el diálogo público-privado, que está tan deteriorado, en función de esa información.
¿A su juicio, esta falta de información genera prejuicios y discriminación en la población?
Se generan muchos mitos cuando hay falta de información y eso también puede generar mucha discriminación. Por ejemplo, en términos de la población extranjera, hace un par de años salió una encuesta asociada a delitos de seguridad y resultó que la mayor proporción eran cometidos por nacionales. Tener esos datos, pero también el del sistema judicial, de las policías, que son datos administrativos permite desmitificar y desestigmatizar lo que estamos pensando respecto de los extranjeros, porque independiente de que pueda haber diferentes conductas uno no puede generalizar, o respecto a las conductas de las empresas de un cierto sector.
En la medida que no se aprovecha toda la información con la que cuenta el Estado para tomar decisiones, y eso incluye fuertemente los datos administrativos, se está desaprovechando la oportunidad de tener mejores políticas públicas que influyen en la calidad de vida de las personas.
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