Accountability para corregir la gestión pública

Rendir cuentas de la gestión realizada e informar sobre cómo se gastan los recursos son obligaciones básicas en la administración de empresas y con mucha mayor razón, deberían serlo en la gestión gubernamental. La bibliografía viene recomendando cada vez más frecuentemente, realizar un proceso, en serio, de «accountability» por parte del sector público. Y en los hechos -con escándalos nuestros de cada día- esto se hace imprescindible.

Se trata de un concepto que permite ubicarse de manera activa ante uno o un conjunto de problemas para resolverlos oportuna y eficientemente. La accountability, en la práctica, se mide sobre la base de hechos concretos contrastando de manera continua, acciones ante el o los problemas que se enfrentan y sus resultados. Así, tanto los accionistas de una empresa y, con mayor legitimidad moral, la sociedad de un país, puede saber qué se está haciendo ante un determinado asunto, cuánto se está gastando y cuál es el plazo para resolverlo. De ejecutarse en forma continua, permite correcciones y mejoras. De eso se trata.

Cualquiera sea el método o indicadores que se utilicen, es obvio que el rescate de los 33 mineros, la reconstrucción tras el terremoto o el manejo de la pandemia, incluyendo la temprana adquisición de ventiladores para proteger a los enfermos, constituyen ejemplos positivos de ejercicios de accountability en acciones públicas del trágicamente fallecido ex Presidente Piñera.

Accountability tiene que ver con la gestión y, en el ámbito público, debiera ser un mínimo para los gobernantes, más allá de las letárgicas cuentas públicas sobre el estado de la Nación, que han derivado en ejercicios políticos propios de una suerte de campaña comunicacional del gobierno de turno. Resulta ser un imperativo moral, porque se debe rendir cuenta del uso de los recursos públicos obtenidos de los impuestos que pagamos todos. Y adicionalmente, es un imperativo técnico, porque, por ejemplo, resulta contradictoria la insistencia (¿porfía?) en llevar adelante una reforma tributaria que busca obtener mayor recaudación cuando al mismo tiempo, parte de los recursos públicos con los que se cuenta, se gastan mal o no se gastan. Recordar que, por una parte, el objetivo de recaudación del proyecto de reforma tributaria ha ido variando -en plena campaña presidencial se anunció 8% del PIB y hoy se está «ratoneando» bajo el 2% del PIB- y por la otra, se han dejado sin ejecución, el 2023, más de US$2 mil millones en inversión pública. Inexplicable es que no se busquen vías alternativas como el crecimiento económico (cada punto de mayor crecimiento representaría app US$ 800 millones en mayor recaudación fiscal) o el recorte de gastos en programas sociales mal evaluados, que son los que la propia Dipres estableció que no cumplen sus objetivos, pero a los que se les siguen asignando recursos públicos. Volviendo al concepto de accountability: i) reforma tributaria ¿para recaudar cuánto? ¿Con qué efectos económicos -perjudiciales- resultantes? ¿Para qué? o ii) programas sociales inservibles ¿con qué fin? ¿Por qué continúan? ¿Nadie se interesa por destinar esos recursos a un mejor fin?

Accountability, entonces, para corregir y mejorar la gestión pública, para responder por el adecuado uso de los recursos y para iniciar, de ese modo, el camino hacia una sociedad informada y participativa que se corresponda con la de un país desarrollado.

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