Buena intención, mala aplicación

Hace veinte días el Presidente de la República dio a conocer el programa «Chile Apoya: Plan de Recuperación Inclusiva» que calificó como «histórico» para «apoyar a los millones de chilenos afectados por la crisis económica». Se trata, en sus propias palabras «de un paquete de 21 medidas que serán un apoyo real y sustantivo para todas y todos los chilenos». La primera que se menciona en la publicación del Gobierno (Gob.cl) es el congelamiento de la tarifas del transporte público en todo Chile durante el presente año 2022. Se trata aquí de evaluar, somera pero rigurosamente, su significado, alcance y efectos. Como introducción cabe destacar la prosa de estos anuncios: el plan es inclusivo, histórico, con apoyo real y sustantivo para todas y todos los chilenos. No dicen mucho estos enunciados ni los calificativos empleados pero están escritos «como se usa» y está de moda. Este es un punto.

En el análisis de su contenido y aplicación es importante considerar los potenciales beneficiarios que, en el congelamiento propuesto de las tarifas del servicio de transporte público durante 2022, se aplicará, en conformidad con los instrumentos de los que dispone el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT) en el sistema RED (TranSantiago) y en las comunas sujetas a perímetros de exclusión y condiciones de operación, que son algunas de Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, O’Higgins y Biobío. Esto hace, de acuerdo con un informe de Libertad & Desarrollo, que el universo potencial de posibles beneficiarios sea el 52,9% de la población de nuestro país, que son los habitantes de las zonas a las que se aplicará el subsidio. No es entonces para todos los chilenos. Más grave es que el 86% de los residentes de la Región Metropolitana serán beneficiarios (6.119.984) y apenas 30% (3.175.552) de quienes viven en regiones. O sea, la cobertura del beneficio está lejos de ser para todos los chilenos como se le presenta. Centralista.

Al tratarse de un subsidio masivo a los operadores del transporte público y no a las personas que lo requieren, se produce una distorsión importante porque algunos de los usuarios pueden eventualmente pagar el valor del pasaje a su costo real sin subsidio. Sin contar a aquellos residentes en las zonas a subsidiar que no usan el transporte público. Carece en consecuencia el subsidio propuesto de la necesaria focalización (¿despilfarro?). Un segundo problema de este subsidio es que carece hasta el momento de informe financiero. Se supone que se harán reasignaciones de partidas destinadas a ejecutar inversiones viales en regiones. Se pierde entonces en beneficiarios y en inversiones en vialidad. Doble castigo a regiones.

Es verdad que este anuncio fue opacado mediáticamente por la falsa «denuncia» de la ministra del Interior respecto del avión con venezolanos que habría sido devuelto. Ello no obsta a que probablemente se está trabajando su implementación. Cabe esperar una decidida actuación de las autoridades regionales y municipales para interiorizarse del congelamiento de las tarifas del transporte público, sus alcances y significado de forma que no llegue a ocurrir, como tantas veces en el pasado, que se nos centralizan los beneficios y se termine castigando a los habitantes de regiones, en particular de la nuestra por reducción de recursos destinados a inversiones viales en regiones. Debe tenerse presente que esos recursos de inversión fueron creados hace pocos años, precisamente para compensar a las regiones por los enormes aportes que debió aplicarse al TranSantiago capitalino. Sería inaceptable que se perdieran por la vía descrita.