Decisión pública

«La experiencia internacional exitosa sugiere que la mejor respuesta es una donde el sector privado y el público colaboran y se retroalimentan en el ámbito económico.»

A raíz de la decisión de suspender en forma indefinida las operaciones de la Compañía Siderúrgica Huachipato, anunciada hace dos semanas, varios actores públicos intentaron buscar soluciones para dar continuidad a la empresa y evitar los efectos que el cierre va a tener sobre la economía regional.

Una de las ideas planteadas para evitar el cierre fue que el Estado de Chile, a través de Corfo, entrara como socio accionista en el negocio del acero y comprara el 51% de las acciones de la empresa. Esta idea fue desechada rápidamente por ser inconstitucional y porque Corfo no está autorizada a comprar acciones. Fuera de la dificultad práctica de esta operación, no es claro que hubiera tenido «piso político» en la opinión pública para poder ser implementada. Una idea que se encuentra muy arraigada en el mundo empresarial chileno, y me atrevería a postular en el «inconsciente colectivo» en Chile, es que todas las actividades productivas que puede realizar el sector privado no deberían ser realizadas por el Estado. Es más, si lo que lleva al cierre de una actividad es la baja rentabilidad en el mercado, entonces no vale la pena seguir desempeñando la actividad. Es decir, el mercado es el mejor guía para evaluar la rentabilidad social de las decisiones económicas.

Sin embargo, los resultados de mercado son producto de las decisiones que toman individuos, muchas veces guiados por intereses personales. Y no siempre los intereses de personas (accionistas), que invierten sus recursos para obtener beneficios económicos, tienen que coincidir con los intereses de la sociedad en su conjunto.

La visión de que el mercado debe asignar los recursos soslaya el hecho que el acero es una actividad de carácter estratégico para la economía chilena y que probablemente este hecho no es relevante para el horizonte de planeación de los accionistas de la bolsa. La industria del cobre depende de productos del acero para sus procesos de extracción del mineral. Si bien es posible importar los productos necesarios para el funcionamiento de la industria de cobre, no sólo de China, sino también de otros países, esto no resuelve el riesgo de cierre de los mercados internacionales de productos del acero, como ocurrió durante la pandemia de covid, y como podría volver a ocurrir en caso de un desastre natural, guerra, u otros eventos catastróficos.

Un cierre de los suministros externos puede poner en riesgo toda la actividad productiva de esta industria, con un enorme impacto sobre la economía nacional. Este hecho sólo amerita pensar en una solución de continuidad a la producción de acero nacional, aunque ésta implique una intervención estatal.

El tema, desde la perspectiva de la decisión pública, no es compartir la misma visión de cómo funciona mejor la economía, sino en no visualizar las limitaciones que esta última puede tener en determinados casos. Esta visión no debería impedir buscar solución a los problemas centrales que pueden afectar el bienestar de la comunidad nacional.

En mi opinión, la experiencia internacional exitosa sugiere que la mejor respuesta es una donde el sector privado y el público colaboran y se retroalimentan en el ámbito económico. Las soluciones alcanzadas son diversas, pero muchas veces se ha tenido que romper los estereotipos para llegar a una salida más adecuada.