Recuerdo que, durante mi época de estudiante, me costaba entender la diferencia entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda. Al final del día, ambos jugaban roles muy similares a la hora de administrar la forma en que el Estado interviniera en la economía. Lo más curioso es que el paso del tiempo ha ido marcando una irrelevancia creciente del primero y una irrupción del segundo.
En su momento, se hablaba de que “en lo macro andamos bien, pero en lo micro andamos mal”, como si el análisis agregado de la economía fuera distinto del análisis desagregado. De una u otra manera, parecía que la “suma” o el “promedio” mostraba signos positivos, pero escondía síntomas de desigualdad.
Entonces, se empezó a poner de moda la redistribución. La idea de que es necesario que los ricos aumenten su aporte a la sociedad y que los pobres reciban mayores recursos, especialmente, a través de bonos, ha tomado un rol fundamental en la discusión de políticas públicas.
Lamentablemente, esta discusión ha quitado el foco de la forma en que funcionan las cosas. Si los servicios públicos como transporte, educación, salud y otros siguen operando de la misma manera y requiriendo parte importante de los recursos del bolsillo de las personas. ¿Qué pasaría si la sociedad reconociera las externalidades positivas de un sistema de transporte público eficiente permitiendo que quienes lo utilizan permanentemente paguen una tarifa plana mensual? ¿Qué pasaría si ya fuera efectiva la educación gratuita y de calidad que se promulgó? ¿Qué pasaría si tuviéramos un sistema de salud que diera atención oportuna y de calidad a todos? Podría continuar la lista con otros servicios y necesidades, pero la respuesta en general es que, una vez que esa lista de necesidades queda cubierta por el esfuerzo comunitario, un Ingreso Mínimo Universal deja de ser tan urgente, entre otras cosas.
Y es que, insistir en resolver los problemas económicos solo a través de intervenciones que impliquen redistribuir recursos o modificar precios relativos (como la instauración de un IVA diferenciado) más que apuntar a una mejora en la calidad de vida de las personas desvía recursos de unos bolsillos a otros. En efecto, si el ingreso universal deberá gastarse en cuentas médicas o transporte público, o la disminución de precios de los alimentos solo aumentará las utilidades de los supermercados, en lugar de estar satisfaciendo efectivamente las necesidades sociales, solo estamos tomando medidas que parecen “de sentido común”, pero que en términos agregados no necesariamente resuelven el problema.
Necesitamos volver a centrarnos en la satisfacción de necesidades, en la forma de resolver los problemas más allá de los eslóganes que solo logran llamar la atención. La política del “hashtag” ha sido muy efectiva en poner temas sobre la mesa, pero no podemos quedarnos en que #NoMasAFP, #NoAlTPP11, #EducacionGratuitaYdeCalidad sean la guía de políticas públicas, necesitamos articular soluciones más allá del rechazo al status quo.
Necesitamos entender que la solución social a un problema no es la mera extensión de muchas soluciones individuales. Que hay muchas ideas que, aún partiendo desde la buena intención, terminan pavimentando el camino al infierno. Y no hay receta mágica para identificarlas. Solo sirve la conversación y la discusión transparente, pública y genuina de ideas, con paciencia y cariño por hacer lo mejor para todos.
Dr. Claudio Parés Bengoecheags.
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