Empresas y Derechos Humanos

Las empresas son vitales para el desarrollo económico de una nación, ofrecen bienes y servicios, generan empleo, crecimiento y mejor calidad de vida a muchas personas; sin embargo, en paralelo pueden generar o potenciar impactos negativos sobre los derechos humanos de clientes, proveedores, trabajadores o comunidad en general.

Somos más de 8.000 millones de personas habitando países con diferentes niveles de desarrollo, políticas públicas y marcos regulatorios. En algunos, las personas se sienten respaldadas por Estados que protegen sus derechos y por empresas cuyo propósito va más allá de lo económico. En otros, los ciudadanos se sienten indefensos ante instituciones que no se responsabilizan por ejemplo, de otorgar salarios dignos, los negocios descansan en que cumplen con el salario mínimo legal y los gobiernos se defienden diciendo que es un «piso» que las empresas podrían mejorar si quisieran.

Como una forma de resolver este dilema, en 2011 Naciones Unidas lanza sus «Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos». Sanda Ojiambo, Directora Ejecutiva del Pacto Mundial de Naciones Unidas señala que «este marco sienta las bases de lo que se espera de los Estados y las empresas en relación al respeto de los derechos humanos: los Estados deben proteger contra vulneraciones cometidas en su territorio o jurisdicción por terceros, las empresas deben evitar que sus operaciones generen consecuencias negativas sobre ellos, y ambos deben garantizar que existan mecanismos de reparación en caso de producirse vulneraciones». Sin duda un gran paso en el camino hacia generar una cultura de respeto de estos derechos al interior de las organizaciones. Hasta entonces, el tema parecía una obligación de Estado, pero no del sector empresarial que veía con distancia esta responsabilidad que lo distraía de su foco principal.

¿Qué implica esto para las empresas? John Ruggie, autor de estos Principios, plantea las tres fases de su modelo de gestión: un compromiso político aprobado por el máximo representante de la organización, un proceso de debida diligencia para evaluar el impacto de sus actividades y la posibilidad de reclamar o acceder a mecanismos de reparación según sea el caso.

En Chile, con el fin de implementar los Principios Rectores, el Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó en 2017 el primer Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas; luego en 2023 anunció el inicio de los trabajos para elaborar un anteproyecto de ley de debida diligencia en derechos humanos para presentar al Congreso este 2024. Esto se suma a la Norma de Carácter General N° 461 de la Comisión para el Mercado Financiero, que desde 2021 exige que empresas sujetas a la fiscalización de la institución incluyan en sus memorias anuales temáticas de sostenibilidad y gobierno corporativo de manera integral, por ejemplo, si adhieren o no a los Principios Rectores u a otro estándar equivalente.

La globalización nos exige tener una mirada sistémica de los fenómenos y desafíos que nos presenta. Son cada vez más las instituciones preocupadas de conectar su propósito con su entorno, hay más conciencia de lo importante que es cuidar el medioambiente, pero nada de ello resultará sin el respeto a los derechos humanos, y en ello hoy las empresas tienen una gran responsabilidad.