Hoja de ruta

Una pregunta que ronda el ambiente político actual es: ¿Cuál será el próximo equipo económico del nuevo gobierno? En especial se ha especulado mucho sobre quién será el siguiente ministro de Hacienda. Se argumenta que es importante conocer el nombre de este personero para dar «certidumbre» a los mercados.

Creo que es relevante acotar que cuando se habla en forma eufemística de «los mercados», probablemente se alude principalmente a los grandes inversionistas, que son los que «mueven los mercados financieros».

Pero quizás una pregunta más importante es ¿Cuál es la hoja de ruta económica del nuevo gobierno? Porque independiente de quien sea el ministro de Hacienda y su equipo, lo que va a guiar su accionar es el programa económico del nuevo gobierno y la forma cómo éste se va a desplegar temporalmente.

Una respuesta general a la primera parte de esta pregunta ya se conoce. Basta mirar el programa de gobierno que se debatió durante la candidatura. Sin duda, es un programa que ofrece muchos cambios a la sociedad chilena. Pero, creo que no es posible entender la hoja de ruta económica de este gobierno, si no se consideran los acontecimientos políticos y sociales que han ocurrido el último tiempo en nuestro país. Para mencionar los más evidentes: El estallido social, la Convención Constitucional, los efectos sociales y económicos de la pandemia, y la forma cómo ésta se enfrentó desde la perspectiva financiera.

La estrategia planteada en la campaña por la coalición de gobierno electa considera este panorama político y socioeconómico y diseña un programa de gobierno que intenta resolver la situación de inestabilidad social que ha vivido el país durante los últimos años y trazar una senda de desarrollo sostenible. La estrategia económica no puede desligarse de esta visión. Es más, debe ser consistente con este propósito.

Este programa busca, entre otras cosas, aumentar la cohesión social enfrentando una serie de desafíos que tiene la sociedad chilena en diversas áreas para dar mayor seguridad y protección a todos sus miembros, como son los ámbitos de pensiones, salud, educación, remuneraciones, y jornada laboral entre otros.

Al Estado se le asigna un rol gravitante en la generación de mayor protección social. Se trata de desarrollar una sociedad que entregue mejores condiciones de vida a toda la población y estándares mínimos como los que se observan en los países más desarrollados. Una sociedad que entregue oportunidades similares a todos sus miembros.

Sin duda, realizar estas transformaciones en las condiciones actuales implica enfrentar una serie de desafíos de tipo financiero, político y de gobernanza social y requiere aunar voluntades de todos los sectores económicos, sociales y políticos para poder avanzar.

En este contexto, quizás la pregunta más relevante es cómo los distintos actores se posicionan y articulan detrás de una estrategia que permita transformar al país en uno realmente desarrollado, entendiendo que esto va a significar demostrar mucha capacidad de diálogo, entendimiento y conciliación de parte de todos ellos. Esta es una pregunta cuya respuesta no es exclusiva de la coalición electa.