«Es fundamental ir más allá de la emergencia y que el Estado e instituciones de servicios aborden la tarea de la recuperación de la capacidad productiva a partir de la información disponible.»
Nuevamente hemos sido testigos de la devastación que han dejado los incendios de febrero, pero también de la solidaridad humana hacia los damnificados, con ayudas de emergencia, el acompañamiento y apoyo emocional y donde nuevamente las instituciones de servicio como Bomberos y Rotary, entre otras, se han hecho presentes en terreno poniendo su trabajo y los recursos.
Al analizar los primeros datos, queda de manifiesto la magnitud de esta tragedia y la extensión de ella en términos geográficos que incluye la Región del Biobío y la Región de la Araucanía o también llamada macrozona sur. En cuanto al número de hectáreas quemadas estas superan las 450 mil, 6 mil damnificados, más de 1.600 casas destruidas, 21 escuelas destruidas o dañadas. La mayor devastación se concentra en las comunas de Nacimiento y Santa Juana con un 75% y un 70% de su superficie dañada por el fuego respectivamente. No cabe duda de que estos números demuestran en una primera lectura la magnitud de la emergencia.
Sin embargo, estas devastaciones dejan efectos mucho más permanentes producto de la destrucción de la capacidad productiva de las familias, del hábitat natural y de la infraestructura. Una característica de los sectores damnificados es que son zonas rurales con una fuerte componente agrícola y con una economía familiar de subsistencia. En esas economías de subsistencia incluyen siembras, crianza de animales, paneles de abejas, árboles frutales, algunas hectáreas de bosque, y junto con ello herramientas e infraestructura básica como el riego que permiten el desarrollo de esas actividades.
Hoy contamos con un catastro levantado por el Ministerio de Economía por medio de la Seremi de Economía en un primer esfuerzo de medir la magnitud de los daños a la capacidad productiva. Los daños totales a la macrozona sur superan los 24 mil millones de pesos donde solo la Región del Biobío representa más del 50% los que se concentra en perdidas en infraestructura, maquinarias y equipos e insumos para la producción. Al mismo tiempo el Ministerio de Agricultura ha informado las perdidas en el sector agrícola y ganadero. De un catastro total de 8.539 la mayoría ha sufrido algún daño y de esos casi el 40% se dedican a la agricultura de subsistencia. La evidencia también indica que más de 25 mil animales han muerto por el fuego que incluye aves, vacunos, cerdos entre otros. Igualmente, importante ha sido el daño a los panales de abejas donde con un catastro de más de 58 mil panales casi el 100% ha sido devastado. La superficie de cultivos quemadas supera las 4.700 hectáreas de las cuales el 56% de ellas eran para el forraje de los animales y un 23% de cultivos frutales. Igual suerte ha tenido el sistema de riego con casi 1.300 hectáreas perdidas. Estos primeros datos dejan en evidencia la destrucción de la capacidad productiva y la incapacidad de sostener los medios de subsistencia de un número importantes de familias.
Este análisis no incluye los impactos en la ocupación donde muchos han perdido su fuente laboral en sectores claves para esta región como el forestal como tampoco el grado de informalidad del sector rural donde se hace difícil que el Estado pueda llegar con la ayuda necesaria.
Resulta fundamental ir más allá de la emergencia y abordar por parte del Estado y las instituciones de servicios la tarea de la recuperación de la capacidad productiva a partir de la información disponible.
Dr. Iván E. Araya Gómez, Facultad Ciencias Económicas y, Administrativas, Universidad de Concepción. Columna opinión de El Sur, Viernes 24 de marzo de 2023 |
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