No hay deuda que no se pague

El adagio popular enseña que «no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague», que aplica para aquellos que, por conveniencia, interés o populismo prometen cosas para lograr objetivos o intereses personales, sin importar los efectos que pueden ocasionar a otros.

Esto se hace más crítico cuando las promesas involucran recursos que son propiedad del Estado (de todos los ciudadanos), y que en el afán de cumplir a quienes se han hecho las promesas, se usan recursos sin una evaluación técnica y racional, que conllevan excesos en la capacidad de gastos, excediendo en muchos casos, la disponibilidad de recursos de la que se dispone.

Se agudiza esta dinámica, cuando las promesas superan lo normal y son dirigidas a vastos sectores de la población, principalmente de niveles medio y bajos ingresos, que en muchos casos ejercen presión para lograr lo prometido, ante lo cual los gobiernos y el Congreso, involucrados transversalmente en estas promesas se traspasan entre ellos la responsabilidad del incumplimiento de las promesas. Para salir del paso, buscan fórmulas dilatorias para traspasarlas al gobierno siguiente o usan sucedáneos otorgando una parte y diferir en varios años lo prometido. En otros casos, se recurre al cambio de nombre de lo prometido, para bajarle la tensión y que la gente se vaya olvidando de sus demandas creadas por las promesas. También, se ha estilado el establecimiento de programas sociales improvisados, para salir del paso y neutralizar las presiones que exigen a quienes se les prometió.

Esto deja en una situación incómoda al propio ministro Marcel, quien fuera uno de los artífices en la implementación de la regla fiscal, durante el gobierno del presidente Lagos, que dio paso al balance estructural, estableciendo metas para promover y afianzar la responsabilidad fiscal, acuñando desde esa época la frase de ahorrar en periodos de vacas gordas para hacer frente a periodos de vacas flacas. La persistencia del déficit en las finanzas públicas, nos han obligado a echar mano a los ahorros que disponía el país y acrecentar nuestra deuda pública que ya se sitúa en el 42 % del PIB y estar pagando por concepto de intereses equivalentes al 1,2% del PIB ( casi US$ 4.000 millones. en 2024). Esto evidencia de algún modo, un problema de gestión en el uso de los recursos y en decisiones que no responden a niveles de eficiencia, acorde con las exigencias del escenario internacional.

Son los casos de la promesa hecha sobre la condonación o eliminación del CAE, o el pago de la deuda histórica a los profesores, que se arrastra por décadas, o la ilusión que muchas personas vulnerable se hicieron con lo prometido por las llamadas fundaciones, que desarrollarían una serie de programas sociales dirigido principalmente a sectores vulnerables. Este tipo de promesas, sumado a otros gastos que no cuentan con el financiamiento suficiente debido a un sistema tributario de recaudación insuficiente, terminan por generar un desequilibrio en las finanzas públicas con déficit considerable. Así, el año 2024 nuestro país termino con un déficit efectivo de 3,3% del PIB, que se explica por una sobrestimación significativa de los ingresos y un descontrol del gasto. No obstante, el objetivo era alcanzar un 1,9%, situación, que no es más auspiciosa para este año 2025.

Los desequilibrios que presentan las finanzas públicas ameritan una atención urgente de las autoridades.