Pensiones otra vez

Los sistemas de seguridad social son complejos. Aunque la idea de ayudar a los menos favorecidos de la sociedad a costa de los más favorecidos suena razonable, en la práctica, la mayoría sentirá que pertenece al primer grupo y no al segundo. Puede ser que por eso el sistema creado en 1981 nunca intentó ofrecer ayudas cruzadas desde los más ricos hacia los más pobres, sino que cada uno asegurara su propio futuro. Esos fondos, en el intertanto, serían administrados por instituciones privadas para invertir y mejorar la capacidad productiva del país. Suena bien en el papel, especialmente, si miramos al «ciudadano medio».

Pero ese modelo evidenció varios defectos: el primero, y más grave: la varianza es importante. Es cierto que, al ser individual, el sistema evita «polizones». Sin embargo, el sistema resultante magnifica las diferencias de ingreso de base: los más favorecidos aumentarán su riqueza y los menos, la disminuirán una vez jubilados. Aunque hoy tenemos una Pensión Garantizada Universal (ex Pilar Solidario) que ataca este problema, es curioso que incluso acérrimos opositores a financiar pensiones con fondos generales de la nación estén empujando lo que, en la práctica, es una forma de sistema de reparto.

El segundo problema del sistema original es que es muy complicado. Mientras un porcentaje de nuestros salarios son administrados por las AFP, otro porcentaje es pagado como comisión. Si bien la administración de fondos entrega poder en la toma de decisiones y nombramiento de cargos directivos en las empresas más importantes del país, las utilidades de las AFP provienen de lo que se denomina en la actual reforma «el sistema de soporte», es decir, recaudar y pagar, cuestión que se financia con las comisiones y no con la gestión de los fondos.
La reforma propuesta por el Ejecutivo hace que el sistema sea más complicado, pero por otras razones. Al separar el soporte de la gestión de fondos consigue un sistema mucho más eficiente en términos de costos, eliminando las dudas respecto del origen de las utilidades de las AFP, pero hace que el cálculo de lo que reciba cada jubilado sea muy difícil de entender. Será necesario transparentar muy bien ese cálculo y regular tanto los conflictos de interés que ocurran en la gestión de los fondos como el control que las administradoras ejerzan sobre ciertas empresas usando los fondos de los trabajadores como garantía.

Por último, el sistema no ha actualizado sus parámetros. El sistema actual de pensiones se creó cuando la esperanza de vida en Chile era de 70 años. El cálculo fue que los ahorros de las personas, que trabajaban desde los 20 hasta los 60 ó 65 años serían suficientes para financiar 5 ó 10 años de vida. Lamentablemente, más allá de los problemas señalados más arriba, la gente no trabaja 40 años, ya sea porque inician la vida laboral más tardíamente, o porque sus trayectorias laborales sufren intermitencia. Si a eso sumamos que la esperanza de vida hoy alcanza los 80 años, no hay calculadora que aguante. Es urgente hacerse cargo del elefante en la habitación: debemos subir la edad de jubilación.

La propuesta que está sobre la mesa apunta a que el sistema de pensiones sea parte del sistema de seguridad social. Lo hace de manera gradual, allegando recursos y distribuyéndolos. Cambia algunas dudas por otras nuevas, pero ahí está el rol de quienes discutiremos el tema: podemos perfeccionar el sistema, pero partiendo de una base común y más solidaria.