Transparencia: de la colusión de farmacias al caso fundaciones

En la última década se había establecido una desconfianza en la forma de operar de los mercados, tanto a nivel mundial como en Chile. Puntualmente en nuestro país, por el inadecuado manejo de la información financiera, debido a los emblemáticos casos de corrupción como la «Colusión de las farmacias», «Cartel de los pollos», «Caso La Polar», «Colusión del Confort», hasta el reciente caso «Fundaciones».

Lo anterior ha puesto especial énfasis en lo relacionado con la rendición de cuentas (o accountability por su término en inglés). Esto ha llevado a que la transparencia se entienda como un activo de la empresa que puede influir en el valor económico de la institución. Es así como inversionistas, consumidores y grupos de interés cada vez más informados, requieren información no solo de carácter financiero, sino que también de carácter no financiero que esté referido al aspecto ambiental, social y gobernanza (ASG).

La rendición de cuentas o accountability, había sido algo voluntario para las empresas privadas, pero con la consolidación de la Responsabilidad Social Empresarial, se ha convertido en algo «obligatorio socialmente», ya que los consumidores e inversionistas, cada vez más informados, exigen conocer el desempeño de las instituciones en todas sus dimensiones, económico, social y ambiental.

Pero desde el presente año, debido a la norma de carácter general 461 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitida el 2021, se convierte en algo obligatorio normativamente, para aquellas empresas chilenas que cotizan sus acciones en la bolsa, bancos, compañías de seguro y bolsa de valores, ya que las empresas debieron entregar no solo la información financiera, sino también información sobre sus actividades referidas a su desarrollo económico sostenible y gobernanza, en la línea con los estándares más conocidos a nivel internacional como el Reporte de Sustentabilidad que emite la Global Reporting Initiative (GRI) o el Reporte Integrado emitido por la International Integrated Reporting Council (Iirc).

Este hito en la divulgación de la gestión empresarial, coloca a nuestro país al nivel de países desarrollados, en cuanto a transparencia y reporting, sumando estas prácticas, a diversas normas y leyes emitidas en el último tiempo, como la Ley de Transparencia (Ley 20.285) que afecta a las entidades públicas y que garantiza a los ciudadanos el acceso a la información pública, la ley de gobiernos corporativos (Ley 20.382) que afectan a las sociedades anónimas abiertas resguardando los derechos y responsabilidades de sus grupos de interés, Ley del Lobby (Ley 20.730) que regula la relación entre particulares y autoridades, y la reciente Ley para delitos económicos y Medio ambiente, entre varias otras.

Lo anterior, implica un cambio cultural en la gestión empresarial, la cual debe adaptarse a los nuevos requerimientos sociales, y que vaya de la mano de una eficiente fiscalización que evite lo que hoy se conoce como greenwashing, la cual se refiere a un lavado de imagen a través de información relacionada con la sostenibilidad que no es veraz o totalmente correcta, de esta forma se debe recuperar la confianza en las instituciones, ya sean públicas como privadas, para obtener el ansiado desarrollo sustentable.