¿Quién consiente? Seminario abordó la llegada de la Ley de Protección de Datos Personales a la industria de los seguros

Desde el 1 de diciembre los datos personales dejan de pertenecer a la empresa que los recoge y pasan a quien los entregó. Al menos hasta ahora, ya que el Congreso discute aplazar esa fecha hasta octubre de 2027, lo que deja a quienes deben cumplir la norma aún sin un calendario claro.

Frente a ese escenario, el Departamento de Administración y la revista Management & Empresa invitaron a Pablo Conn Moragas, cofundador de la corredora NICO Seguros, para que explicara cómo se prepara una empresa que almacena datos de terceros. 

«El legislador está preocupado y la sociedad, en general, está mucho más atenta a la forma en que los datos son tomados y utilizados por las empresas», comentó el director del Departamento de Administración, Pedro Cofré Fuentes al inicio de la jornada. 

El consentimiento como condición

La Ley 21.719 se publicó en el Diario Oficial el 13 de diciembre de 2024, con un plazo de 24 meses para regir. Reconoce a cada persona los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, bloqueo y portabilidad de sus datos y, además, crea una agencia autónoma que fiscaliza y posee capacidad para multar con hasta 20 mil unidades tributarias mensuales (UTM) a los infractores.

El proyecto que posterga esa vigencia hasta el 15 de octubre de 2027 fue aprobado por el Senado el 28 de octubre, por lo que espera su segundo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Para Conn el eje de la norma no es la fiscalización sino el consentimiento. «La ley busca enmarcar que exista autorización explícita para el uso de datos, imágenes e información personal», afirmó.

Ahí ubica también el límite ético del negocio. «El hecho de manejar muchos datos viene también de cómo uno adquiere esos datos y después cómo uno hace uso de los mismos», explicó. Su empresa, ejemplificó, guarda números de identificación y teléfonos con accesos diferenciados por equipo, para que nadie consulte carteras ajenas. Otras compañías trabajan con información más sensible, como fichas médicas.  

La discusión se desplazó enseguida a lo que la ley no alcanza. Los asistentes objetaron que la norma aún no regula la inteligencia artificial y que existe riesgo en los modelos públicos de uso abierto. Conn lo concedió. «Estamos todavía peleando en la Edad de Piedra mientras la inteligencia artificial va en la Luna», dijo.

Quién puede pagar el ajuste

El segundo nudo del seminario fue el costo. Sergio Escobar Miranda, académico del Departamento de Administración, planteó que la exigencia no se reparte equitativamente. «Si tienes una pyme donde trabajan seis personas, resulta que necesitarás a una nueva persona para que adecúe la información original y ordene los datos», indicó. Por el contrario, empresas de otros sectores —como el bancario— ya poseen la estructura para absorber la demanda sin aumentar su personal.

Conn coincidió con el diagnóstico sin retirar su respaldo a la norma. «Como dueño de una pyme, más regulación implica mayores costos operacionales. Sin embargo, la considero necesaria, especialmente en lo referente al consentimiento», sostuvo.

Cabe destacar que las primas de seguros equivalieron al 4,6% del producto interno bruto chileno en 2024, sobre un promedio latinoamericano de 3,2%. La cifra proviene del estudio “El mercado asegurador latinoamericano en 2024”, de Mapfre Economics. De esos 4,6 puntos, 1,8 corresponden a las rentas vitalicias del sistema de pensiones. Descontadas, la penetración cae a 2,8% y queda bajo el promedio regional.

Conn fundó NICO Seguros durante la pandemia con dos amigos y sin experiencia en el sector. La idea inicial era vender una plataforma de gestión para corredores pequeños, pero giraron hacia las empresas, que consumen muchas más pólizas. La empresa emplea hoy a cerca de 25 personas.